Oaxaca, Oax., 12 de agosto. Con 25 votos a favor, todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Congreso del estado rechazó someter a juicio político al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, acusado de violar los derechos humanos de los oaxaqueños durante el conflicto social y magisterial de 2006, pues la comisión permanente instructora (CPI) no encontró elementos de responsabilidad y ordenó archivar el expediente como “asunto total y definitivamente concluido”.

La sesión se inició a las 13:30 horas, cuando el priísta Etelberto Gómez Fuentes, presidente de la CPI, leyó en tribuna: “No existen elementos que comprueben la responsabilidad del gobernador” por “los hechos acontecidos en la ciudad de Oaxaca y zonas conurbadas del 14 de junio de 2006 al 14 de julio de 2007, así como tampoco por el uso desproporcionado de la fuerza pública y la violación generalizada de garantías individuales.”

Según el proyecto de decreto, la CPI no encontró elementos para el juicio político, de acuerdo con los artículos 81 de la Constitución Política del estado y 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

La decisión motivó una discusión que se prolongó hasta las 16:40 horas, cuando se procedió a la votación.

Sólo sufragaron en contra 16 legisladores opositores al PRI, incluido Cristóbal Carmona Morales, de Nueva Alianza, quien recibió una rechifla de compañeros y concurrentes, quienes le gritaron “traidor” y “farsante”.

La solicitud de juicio político se presentó a partir de una denuncia de Carmona Morales por violaciones a las garantías individuales cometidas por policías durante los desalojos del plantón de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el zócalo de la capital de Oaxaca, el 14 de junio de 2006, y contra profesores de ese gremio y seguidores de la Alianza Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) por las detenciones masivas realizadas por las policías estatal y Federal Preventiva el 29 de octubre.

También se mencionaron la agresión de policías estatales a profesores de la sección 22 del sindicato magisterial y simpatizantes de la APPO que intentaron ingresar al auditorio Guelaguetza el 16 de julio del 2007.

Benjamín Robles Montoya, diputado de Convergencia, anunció que la oposición interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque el proyecto de decreto estuvo plagado de irregularidades, sobre todo porque no se respetaron los plazos de notificación ni de investigación. La celeridad para dar entrada a la solicitud de juicio político de Carmona Morales tenía el claro objetivo de exculpar a Ruiz Ortiz, dijo.

Robles Montoya subrayó que, “sin pruebas ni argumentos”, el PRI contradice la resolución de la SCJN y viola “toda lógica jurídica” porque no reconoce ninguna de las observaciones que hace la Corte en su informe sobre los atropellos cometidos en 2006 y 2007.

Guillermo Zavaleta, diputado federal panista, anunció que el caso “seguramente pasará a la Cámara de Diputados (del Congreso de la Unión), porque las responsabilidades penales y administrativas no se evitarán con esta farsa”.

La panista Perla Woolrich Fernández reveló que en este procedimiento, que se realizó en 15 días, nunca hubo investigación: el presidente de la CPI tomó decisiones unilaterales; nunca se exhibieron documentos originales ni los integrantes de dicha comisión fueron convocados para analizar las pruebas.

El perredista Wilfredo Vásquez advirtió que la oposición iniciará “un pleito legal” para cerrar el paso a la impunidad. y la sección 22 del SNTE efectuará una asamblea el 28 de agosto para solicitar al Congreso de la Unión juicio político a Ruiz Ortiz.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx